Jorge Alberto Kulemeyer
EL USO SOCIAL Y POLÍTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL ANALIZADO A TRAVÉS DE
SITUACIONES EN SUDAMÉRICA.
PATRIMONIO, ACADEMIA E IMAGINARIO NACIONAL EN BRASIL Y ARGENTINA.
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EL USO SOCIAL Y POLÍTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL ANALIZADO A
TRAVÉS DE SITUACIONES EN SUDAMÉRICA.
PATRIMONIO, ACADEMIA E IMAGINARIO NACIONAL EN BRASIL Y
ARGENTINA.
THE SOCIAL AND POLITICAL USE OF CULTURAL HERITAGE ANALYZED
THROUGH SITUATIONS IN SOUTH AMERICA.
HERITAGE, ACADEMIA AND NATIONAL IMAGINARY IN BRAZIL AND
ARGENTINA.
OS USOS SOCIAIS E POLÍTICOS DO PATRIMÔNIO CULTURAL: ANÁLISE
SITUACIONAL NA AMÉRICA DO SUL. PATRIMÔNIO, ACADEMIA E
IMAGINÁRIO NACIONAL NO BRASIL E NA ARGENTINA
Jorge Alberto Kulemeyer1, 2
Resumen
Las activaciones patrimoniales han sido principalmente realizadas por el poder político y, en
menor escala, también pueden ser impulsadas desde la sociedad civil. Prats (1997) sostiene
que para la existencia de la gestión del patrimonio en una sociedad es necesario contar con un
poder que sea reflejo de una hegemonía social y cultural capaz de activarlo y que, de esta
manera, pueda ser objeto de consideración pública. El presente escrito tiene por propósito la
consideración de la incidencia de los cambios y tendencias que la política global y, en
particular, las orientaciones de los gobiernos centrales de Brasil y Argentina han tenido en las
orientaciones generales dadas a la gestión del patrimonio cultural en dichos países. El espacio
temporal analizado parte desde los momentos de creación de las instituciones nacionales
específicas, el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (el IPHAN que surge en
el año 1937 en Brasil) y la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos
(CNMLH, creada en 1940 en Argentina), hasta llegar a la conducción de sus actuales
mandatarios, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, quienes impulsan un accionar gubernamental
en el que la gestión del patrimonio cultural y natural se encuentra lejos de ser una cuestión
relevante. Esta postura constituye en abierto contraste con el discurso desplegado por las
gestiones inmediatamente anteriores. En estos escenarios, tan diversos y cambiantes en plazos
relativamente cortos, interesa la consideración de las distintas corrientes de pensamiento y
estrategias que han caracterizado el vínculo de los especialistas en gestión patrimonial con
distintos sectores de la población y la ponderación otorgada a estos bienes.
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El actual escenario de Brasil y Argentina, en el que estos Estados deciden prácticamente
anular su participación en actividades de activación patrimonial (incluso con tendencia a
retirarse del sostén de lo ya activado), requiere una reflexión sobre aquello que se ha venido
postulando desde el mundo académico y político y el grado de aceptación que han recibido
estos postulados en distintos sectores de la sociedad.
Palabras clave: Patrimonio - Gestión Gubernamental - Políticas Públicas – Brasil/Argentina.
Resumo
As ativações patrimoniais têm sido realizadas pelo poder político e, em menor escala, pela
sociedade civil. Prats (1997) sustenta que a existência da gestão patrimonial em uma
sociedade requer um poder que seja reflexo de uma hegemonia sociocultural capaz de ativá-la
e torná-la objeto de interesse público.
O presente texto tem por objetivo refletir as mudanças e tendências na política global e,
particularmente, nas orientações que os governos do Brasil e da Argentina têm em relação aos
seus patrimônios. O espaço temporal investigado abrange a criação de instituições nacionais
específicas - tais como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN,
Brasil, 1937) e a Comissão Nacional de Monumentos e Lugares Históricos (CNMLH,
Argentina, 1940) - e as gestões dos governos de Jair Bolsonaro e Mauricio Macri, cujas
políticas de gestão do patrimônio cultural e natural são insuficientes e contrastam com as
posturas e discursos dos governos anteriores, de Dilma Roussef e de Cristina Kirchner. Nestes
cenários distintos e voláteis é importante considerar as diferentes correntes de pensamento, as
estratégias que caracterizaram a relação dos especialistas em gestão patrimonial com
diferentes setores da população e as ponderações atribuídas a esses bens.
O atual cenário na América do Sul, no qual Brasil e Argentina decidiram anular sua
participação em atividades de ativação patrimonial (inclusive com tendência à retroação sobre
ativações antecedentes) requer uma reflexão sobre o que vem sendo postulado no mundo
acadêmico e político, além da respectiva aceitação destes novos postulados em setores
distintos destas sociedades.
Palavras-chave: Patrimônio - Gestão Governamental - Políticas Públicas – Brasil/Argentina.
Abstract
The patrimonial activations have been mainly carried out by the political power and, on a
lesser scale, they can also be promoted from civil society. Prats (1997) argues that for the
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existence of heritage management in a society it is necessary to have a power that is a
reflection of a social and cultural hegemony capable of activating it and that, in this way, can
be the object of public consideration. The purpose of this paper is to consider the incidence of
changes and trends that global politics and, in particular, the guidelines of the central
governments of Brazil and Argentina have had on the general guidelines given to the
management of cultural heritage in said countries. countries. The temporal space analyzed
starts from the moments of creation of the specific national institutions, the Institute of
National Historical and Artistic Heritage (the IPHAN that arises in 1937 in Brazil) and the
National Commission of Historical Monuments and Places (CNMLH, created in 1940 in
Argentina), until reaching the leadership of its current leaders, Jair Bolsonaro and Mauricio
Macri, who promote government action in which the management of cultural and natural
heritage is far from being a relevant issue. This position is in open contrast to the discourse
displayed by the immediately preceding administrations. In these scenarios, which are so
diverse and changeable in relatively short periods of time, it is interesting to consider the
different schools of thought and strategies that have characterized the relationship of wealth
management specialists with different sectors of the population and the weighting given to
these assets.
The current scenario of Brazil and Argentina, in which these States decide to practically annul
their participation in activities of patrimonial activation (even with a tendency to withdraw
from the support of what has already been activated), requires a reflection on what has been
postulated from the world academic and political and the degree of acceptance that these
postulates have received in different sectors of society.
Keywords: Heritage - Government Management - Public Policies – Brazil/Argentina.
1.- Director del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional
de la Patagonia Austral (Argentina).
2.- Este escrito es, con ligeras modificaciones, parte de la presentación realizada en el
Posdoctorado del Programa de Pos-graduacao em Historia de la Facultad de Historia de la
Universidade Federal de Goias, Brasil. Título tesis: El uso social y político del patrimonio
cultural analizado a través de situaciones en Sudamérica. Directora: Libertad Borges
Bittencourt. Fecha de egreso: Noviembre de 2019
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El uso social y político del patrimonio cultural analizado a través de situaciones en
Sudamérica.
Patrimonio, academia e imaginario nacional en Brasil y Argentina.
Sucede que se ha degradado el trabajo; la gente ya no quiere andar
de cara al sol, la camisa entreabierta y las manos sucias, de gran
francachela con la naturaleza. No. El campo está vacío. Los padres
mandan a sus hijos al colegio para que sean empleados de banco.
Porque también eso se ha degradado: la sabiduría. Que trabajen los
brutos y que estudien los locos; el porvenir del género humano está
detrás de un escritorio. Castillo, A, 1999, p 34
Introducción
Este escrito se propone analizar la situación actual en la que se desenvuelve la gestión
patrimonial, sus posibilidades y dificultades dadas las características del accionar que, con sus
particularidades y trayectorias, constituyen la impronta del poder político dominante en
Argentina y Brasil en el presente. La gestión patrimonial es, y ha sido siempre, parte de un
proyecto político generalmente evidente pero no claramente explicitado, en tanto que sus
nunca ausentes relevancias e implicancias sociales (y todo otro tipo de alcances) dependen, en
buena parte, de la impronta que se le asigne desde el poder que, entre sus actores, también
cuenta entre sus filas con los representantes de las tendencias académicas más afines a sus
propósitos. Simultáneamente al interior de la sociedad hay, y habrá, consensos, disensos,
compromisos e indiferencias de distintos relevancias y consecuencias, cada uno con sus
matices, que no pueden ser indiferentes a quienes impulsan acciones de gestión patrimonial y,
que por cierto, son de carácter transitorio, cambiante.
Al considerar de manera genérica el impacto del patrimonio, y su gestión, en la sociedad se
debe diferenciar aquel que efectivamente ocurre en cada porción territorial de aquél otro que,
desde un punto de vista genérico, puede llegar a alcanzar si es considerado desde una
perspectiva muy amplia. Según los casos, y el contexto, el patrimonio puede constituir un
elemento que aporta a la economía capitalista, un pretexto más para justificar trasfondos de
negocios que frecuentemente no son bien recibidos por la sociedad, justificar posturas
ideológicas de determinados grupos y al mismo tiempo, por el otro lado, mayoritariamente los
bienes se encuentran en una situación de desvalorización, invisibilización o, por el contrario,
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constituir un factor importante para la mejora de la calidad de vida, ser una oportunidad para
la comprensión de procesos históricos, tecnológicos, de integración, de aprendizaje,
comprensión y pacificación. Es decir, las situaciones y predicamentos pueden tener sentidos y
alcances por demás diversos.
La gestión del patrimonio significa un vínculo más o menos amigable, más o menos
antagónico, con el poder público y una adecuación permanente a los nuevos conocimientos y
formas de interacción que, en la coyuntura, surgen o se encuentran vigentes en la sociedad. La
referencia corresponde al avance en el caudal de conocimientos, las tecnologías, la
consideración de los distintos sectores y personalidades que componen los grupos humanos y
constituye, en su conjunto, el marco general de toda actuación a partir del cual comienzan a
operar las particularidades del contexto local y regional.
Las actividades de gestión patrimonial, conllevan una propuesta educativa resultado de la
comunicación de conocimientos a la sociedad en su conjunto, un planteo que, necesariamente,
implica ideología y es, también, un recorte de la realidad. Es decir, resultan una presentación
que se propone aportar elementos a la construcción de una visión sobre determinados bienes
de interés patrimonial y sus circunstancias y, por ende, da lugar a sucesivas modificaciones e
impactos en las percepciones que, hasta ese momento, se tenían como vigentes y válidas. Es
habitual, además, que genere cambios de todo tipo que según el caso, serán de distinto alcance
y grado de impacto. En suma, la gestión del patrimonio resulta ser una sumatoria de hechos
del presente estrechamente ligados con un (complejo) proyecto de futuro que conviene ser
asociado con uno de los matices de la percepción la localidad que, con sus diversos disímiles
componentes, es algo que se construye y no un hecho dado, inamovible. Esta construcción del
porvenir no debe ser impuesta ni un producto a consumir sin reflexión, sino que requiere de
fundamentos sólidos, además de ser pensada y proyectada de manera participativa. Planteados
estos asertos en la esfera de la gestión patrimonial de un territorio, resulta necesario análisis
de lo actuado, de la coyuntura presente y las proyecciones a un futuro en las que no pueden
estar ausentes las utopías.
La naturaleza de las experiencias de gestión patrimonial resultan siempre procesos y
expresiones plásticas, maleables, parcializadas, localizadas lo que torna muy difícil su análisis
desde una visión generalizada. Toda gestión del patrimonio en un territorio pondrá énfasis en
uno o más tipos (religioso, artístico, histórico, arqueológico, artístico, paisajístico, etc., etc.),
tendrá sus potencialidades y limitaciones (presupuestarias, técnicas, académicas, legales, entre
otras), conflictos, además de propósitos insertos en determinado marco temporal e ideológico.
Esta diversidad lleva a que toda pretensión de análisis comparativo de la gestión patrimonial
en dos países, Brasil y Argentina en este caso, corra el riesgo de dejar en el olvido detalles y
puntualizaciones que permiten comprender mejor la complejidad y dinámica del conjunto.
Desde las ciencias sociales (que incluyen ciertamente a las económicas) se conocen
argumentos en sentido contrario a la particular visión de la defensa de los intereses de la
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ciudadanía que pretenden imponer líderes políticos como los actuales responsables de la
conducción de los intereses de los brasileños. Así, por ejemplo, García Canclini señala:
Los científicos sociales tratamos de llamar la atención de los
gobernantes mostrándoles que en los Estados Unidos la industria
audiovisual ocupa el primer lugar en los ingresos por exportaciones
con más de 60.000 millones de dólares, o que en varios países
latinoamericanos abarca del 4 al 7 por ciento del PIB, más que el café
pergamino en Colombia, más que la industria de la construcción, la
automotriz y el sector agropecuario en México. Podemos dejar de
concebir a los ministerios de cultura como secretarías de egresos y
comenzar a verlos como fábricas de regalías, exportadoras de imagen,
promotoras de empleos y dignidad nacional.
García Canclini, 2005.
Es decir, son los propios datos estadísticos del rol de la cultura en las economías nacionales
los que apuntan claramente en sentido contrario a las expresiones y determinaciones que
adoptan los actuales gobiernos nacionales de Brasil y Argentina que, valgan las redundancias,
poseen una visión de la economía nacional que se contrapone con los datos estadísticos que
ofrecen los datos de la propia economía. Argentina informaba, para 2012, de una
participación del 3,78% en el producto bruto interno del “PBI cultural” (SInCA, 2014), en
tanto que Brasil para 2015 mostraba que las Industrias Creativas constituían el 2,64% del
total de su PBI (Lages Murta, 2018). Es claro que estas cifras engloban conceptos que
exceden al protagonismo del patrimonio pero que lo incluyen y se entrelazan con él. Sucede
que la incidencia de las actividades culturales, en particular del patrimonio, en la
estructuración de la vida cotidiana de la sociedad no responde a la lógica de la inversión
privada pues los bienes pertenecen al conjunto de la población y su gestión patrimonial en sí
misma no genera lucro pero sí lo hace, muchas veces de manera destacada, cuando el análisis
se realiza desde una perspectiva socioeconómica más amplia. Es el caso de, por ejemplo, los
museos o el de las más célebres esculturas de exhibición pública.
Datos históricos de referencia en el contexto del período independiente
La necesidad de crear referencias permanentes útiles para focalizar el sentido de una identidad
nacional en construcción hizo que, a fin de ampliar los aportes inestables que podían ofrecer
la memoria y las celebraciones, a partir de ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX, la
preservación y puesta en valor del patrimonio construido adquiera gran importancia para los
Estados sudamericanos.
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El análisis de las principales instituciones de referencia de Brasil y Argentina, para la gestión
patrimonial estatal permite observar que, a pesar de desenvolverse en contextos
socioeconómicos a grandes rasgos similares, ambos países han desarrollado conceptos,
objetivos y estrategias marcadamente diferentes de cara al patrimonio cultural nacional en
cuanto a la gestión pública (Pagnucco, 2018).
La aseveración de que “… la construcción del patrimonio cobra sentido cuando se considera
que el Estado precede a la nación” (Rosas Mantecón, 2005) encuentra respaldo en la historia
legislativa de los países. En el sentido objetivo el concepto de nación no puede prescindir de
componentes subjetivos pues no existen elementos (idioma, religión, territorio, costumbres,
tradiciones, etc.) que puedan ser observados, total o parcialmente, como siempre presentes y
asociados a un grupo humano que es caracterizado como una nación. El factor siempre
presente es la conciencia de la propia identidad nacional. En una segunda acepción, el
concepto nación se encuentra inseparablemente ensamblado a la noción de Estado (Talavera
Fernández, 1999).
En términos generales la identificación con la nación genera sentimientos de pertenencia y
filiación al grupo que, en algunos aspectos, constituyen una matriz aglutinante que sirve de
sustrato para orientar las acciones de las personas y sus juicios sobre el pasado, el presente y
el futuro de su país (Pérez-Rodríguez, 2012) además de estructurar, hacia adentro y afuera, las
instituciones del Estado. El sentido de pertenencia supone diversos niveles de afecto,
racionalidad, respeto y solidaridad que, tanto a nivel individual como en lo colectivo, se
encuentran sujetos a vaivenes y cambios.
A medida que transcurre el tiempo el conjunto de la población, especialmente su clase
dirigente, va generando nuevos objetivos y se afirma sobre la base herramientas innovadoras
como, por ejemplo, los medios de comunicación y sus alcances, que se movilizan en función
de sucesos, expectativas e intereses diferentes a los vigentes con anterioridad y que, además,
impactan de manera diferenciada en cada sector de la población. La generación de nuevas
posibilidades y formas de relación con personas y situaciones otrora consideradas de otredad
da lugar a cambios en la valoración de lo propio y lo distinto y, consecuentemente, modifica
los sentimientos de pertenencia a nivel individual y colectivo. La percepción y los
cuestionamientos al Estado nacional y sus instituciones representativas se actualizan de
manera permanente.
Siempre es posible, especialmente cuando el análisis es retrospectivo, seleccionar una serie de
particularidades y símbolos que hacen a una identidad básica que permite integrar a los
ciudadanos en un determinado momento histórico en torno a una nacionalidad. Cada uno de
estos elementos tiene una perduración que le es propia, muchas veces con la posibilidad de
revitalizarse pero ya con nuevas características independientemente de que puedan conservar
su antigua denominación. Algunos íconos de la nacionalidad poseen mayor vigencia en el
tiempo que otros, variando también su importancia relativa y, con mayor o menor sustento
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histórico, surgen otros a los que se les asigna una profundidad temporal que nunca han tenido.
En su conjunto, conforman una sumatoria de elementos y de dinamismos que solo pueden
identificar distintas coyunturas en cuanto a la percepción mayoritaria de la nacionalidad. Estos
procesos son habituales y no son exclusivos de alguna sociedad en particular (Hobsbawm y
Ranger, 1983). En Argentina los planteos sobre nacionalidad y grupos étnicos han seguido
carriles diferentes (Gruber, 1995) y, en general, se ha tratado a las comunidades indígenas
como entidades dadas desde tiempos inmemoriales dando escaso espacio a la consideración
de su propia diversidad y al devenir histórico de cada uno de estos pueblos.
Breve recorrido histórico de la gestión patrimonial estatal en Brasil
El Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (el actual IPHAN) surge en el año
1937, a partir del Decreto Ley Federal n° 25, con la denominación Servicio de Patrimonio
Histórico y Artístico Nacional (SPHAN). Su nacimiento se produjo en un contexto de
Modernismo y Estado Nuevo bajo el mandato de Getulio Vargas (tercer presidencia 1937–
1945).
Hasta la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, el IPHAN dependía del
Ministerio de Cultura1. El IPHAN cuenta con una presidencia y cuatro departamentos
especializados dedicados a: planeamiento y administración, patrimonio material y
fiscalización, articulación y fomento, y patrimonio inmaterial. Está organizado en 27
superintendencias, una en cada Estado; con oficinas técnicas, una administración central en
Brasilia DF y un archivo general en Rio de Janeiro, donde se realizan los procesos de
tombamento2 (de declaración como bien patrimonial) y la certificación de pertenencia a los
libros de tombo (libros de registro de bienes declarados como patrimoniales). La idea central
que guía estos procedimientos es que “O principal efeito da imposição do tombamento é
conservar os bens materiais, coisas móveis ou imóveis que são reconhecidas como
portadoras de valores culturais” (Rabello, 2015, p 2).
El esquema de organización adoptado por el IPHAN,
“... permite que el tratamiento del patrimonio se adapte a los
requisitos particulares de cada región y contribuya en conjunto a
afirmar la diversidad Cultural del país. Así el manejo del patrimonio
se realiza de manera descentralizada pero articulada”.
y, por otra parte
“La organización y estructura interna del IPHAN se corresponde con
las características de una institución que tiene muchos años de
trabajo y que ha logrado adaptarse a las exigencias que la
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contemporaneidad exige, principalmente en relación a la articulación
y divulgación de información y conocimientos entre los profesionales
intervinientes en la preservación en todo el país, y entre la institución
y la sociedad en general. La conexión y el diálogo entre las
superintendencias de cada estado son muy buenos y fluidos”.
Pagnucco, M., 2018, p 8.
A manera de ejemplo de la intensidad y continuidad de la actividad del IPHAN, según la
información que brinda el propio Instituto3, ha publicado desde su creación, cerca de 1.500
títulos (desde 1937, “… o Iphan produz uma linha editorial de referência na área de artes,
arquitetura e patrimônio cultural”4). Las publicaciones, que según los casos pueden bajarse
gratuitamente y en otros pueden ser adquiridas mediante pago, proporcionan a estudiantes,
investigadores, profesores y al público en general un conjunto de obras de referencia, que se
propone como esencial al conocimiento del proceso de formación del Patrimonio Cultural
Brasileño. Los temas tratados en estos trabajos están referidos a las actividades de registro y
valorización del patrimonio material e inmaterial, y a proyectos de restauración y
recuperación de centros históricos, entre muchos otros temas. Sin embargo el accionar del
IPHAN ha conocido importantes vaivenes en función de las políticas públicas dominantes en
cada época. Así, durante los gobiernos de Fernando Collor de Mello (1990 – 1992), Itamar
Franco (1992 – 1994) y Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) se consideró a IPHAN
como ”… uma herança anacrônica do período desenvolvimentista” (Duarte Junior, 2010, p.
56).
A este tenemos que añadir una cierta superposición de tipo institucional y burocrática
procedente de la existencia de numerosos órganos con incumbencia en la tutela y gestión del
patrimonio cultural. Así es que se cuenta a nivel federal con el IPHAN, a lo que se suman
organismos estaduales como, en el caso del Estado de San Pablo, el CONDEPHAAT
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico), y otros de
instancias municipal como el CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo), lo cual da lugar a que,
con frecuencia, se generen conflictos entre ellos sobre la metodología a seguir y sobre la
cuestión de las áreas y bienes de competencia de cada uno. El Consejo de Arquitectura y
Urbanismo de São Paulo (CAU-SP), al igual que el Instituto de los Arquitectos Brasileños
(IAB), suelen implicarse en temas de gestión patrimonial5.
En la definición de los bienes patrimoniales aparece con frecuencia la discusión, muchas de
manera implícita, sobre la inclusión de materiales del presente o si solamente corresponde
hacer referencia al pasado. Este debate no está exento de intereses sectoriales, políticos y
disciplinarios. Para su ámbito de su influencia la constitución brasileña dirime claramente la
cuestión al incluir tanto al pasado como al presente. La norma legislativa de referencia para la
caracterización e importancia del patrimonio en la República Federativa del Brasil
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corresponde a la categoría que hemos dado en denominar como inclusiva (Kulemeyer, 2018b)
y es la que han adoptado algunos países latinoamericanos en los textos constitucionales
reformados en consonancia con el auge inicial de los postulados neoliberales. Es el caso de la
constitución de Brasil de 1988 que, en su artículo 216, determina que
“... constituem patrimônio cultural brasileiro “os bens de natureza
material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem: a) as formas de expressão; b) os modos de fazer, criar e
viver; c) as criações artísticas, científicas e tecnológicas; d) as obras,
objetos, monumentos naturais e paisagens, documentos, edificações e
demais espaços públicos e privados destinados às manifestações
políticas, artísticas e culturais; e) os conjuntos urbanos e sítios de
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
científico e ecológico”. .
Parágrafo 1. O poder público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de
registros, vigilâncias, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação
Sartori Rodriguez, 2010: 20-21
El marco de referencia formal se ofrece al momento que “… a Carta Política, e suas
directrizes normativas, proporcionam o fortalecimento do sentimento nacional, através do
estabelecimento de políticas de Estado” (Campos, 2018: 45) a lo que se agrega la concepción
de que “A criação de um patrimônio cultural passa por essa formalização do Estado
enquanto institução legitimada pela Constituicão” (Campos, op. cit.: 53). En términos
generales, resulta conveniente de ordenar todo debate en torno a los vínculos entre
nacionalismo, identidad y patrimonio con parámetros situados (en tiempo y lugar), mas urge
un análisis del presente caracterizado por un gobierno que actúa otorgando menor interés a los
sentimientos nacionales que, a lo largo del siglo XX han identificado las políticas de Estado
de Brasil.
También en Brasil suele evidenciarse la frecuente consideración por parte de la legislación de
una subordinación del patrimonio cultural a lo natural. En este sentido,
No começo da década de 1980 foi promulgada a legislação que
inaugurou a Política Nacional de Meio Ambiente, estabelecendo uma
política de conservação ambiental que incluía também os recursos
culturais, destacando-se as Resoluções.
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CONAMA 01/86 e 237/9.
y Essa portaria foi especialmente dedicada à regularização dos
procedimentos de arqueologia preventiva no licenciamento ambiental,
estabelecendo o compasso necessário entre as licenças ambientais –
licença prévia, licença de instalação e licença de operação do
empreendimento, e a preservação do patrimônio arqueológico.
Moraes Wichers, 2018: 264-265
Específicamente en cuanto al patrimonio cultural inmaterial se cuenta con una resolución
dada en 2006 (IPHAN/MinC), que complementa un decreto del año 2000, por el que se crea
el Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. En el documento se ofrece una definición
aplicada al patrimonio cultural inmaterial:
“... as criações culturais de caráter dinâmico e processual, fundadas
na tradição e manifestadas por individuos ou grupos de indivíduos
como expressão de sua identidade cultural e social”; y, además,
“tomase tradição no seu sentido etimológico de „dizer através do
tempo‟, significando práticas produtivas, rituais e simbólicas que são
constantemente reiteradas, transformadas e atualizadas, mantendo,
para o grupo, um vínculo do presente com o seu passado”.
Cavalcanti, 2008, p. 110
Breve recorrido histórico de la gestión patrimonial estatal en Argentina
Argentina cuenta, en el nivel nacional, con leyes de protección del patrimonio cultural desde
principios del siglo XX, en particular la Ley 9080 de 1913 (actualmente derogada):
Art. 1° Se declaran propiedad de la Nación las ruinas y yacimientos
arqueológicos y paleontológicos de interés científico.
Art. 2° Nadie podrá utilizar o explotar ruinas o yacimientos sin
permiso del ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación,
asesorado por la dirección del Museo Nacional de Historia Natural y
del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras.
Endere y Podgorny, 1997, p. 57
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Las instituciones académicas a las que hace referencia este texto legal están ubicadas en la
ciudad y pertenecen a la universidad de Buenos Aires a las que, en diciembre de 1921, un
decreto sumaría al Museo de la Universidad de La Plata para el cumplimiento de las
funciones indicadas en el artículo segundo. La ley nunca tuvo aplicación efectiva aunque se
destaca que “… el texto legal pone de manifiesto el lugar central que los museos nacionales
ocupaban en el horizonte de ideas de la época, y la estrecha vinculación entre museos y
gobierno nacional” (Endere y Podgorny, 1997, p. 58). En buena parte la asimetría en la toma
de decisiones, la radicación y distribución de investigadores y recursos materiales en relación
al conjunto del territorio argentino sigue persistiendo en la actualidad.
En 1940, en el transcurso de la presidencia de Roberto M. Ortiz se creó, mediante la ley
n°12.665, la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos (CNMLH) que
funciona en la actualidad como un ente descentralizado del Ministerio de Cultura de la
Nación. Anteriormente, en 1938, un decreto presidencial transformaba la Junta de Historia y
Numismática Argentina (JHNA) en Academia Nacional de la Historia (ANH). Tres meses
después de la creación de la ANH, el presidente de la Argentina, Roberto M. Ortiz, firmó el
decreto por el que se crea la CNMLH. Ese decreto establecía las funciones técnicas de la
Comisión, que pasaba a sustituir la Superintendencia de Monumentos y Lugares Históricos,
creada por decreto n° 118.588 en 1937. De cada uno de estos organismos Ricardo Levene fue
designado como su primer presidente (Uribarren, 2009). En el año 2015 se modifica la ley
n°12.665 por la nº 27.103.
El alcance y dinámica de funcionamiento de la CNMLH, y todos los otros organismos
vinculados al patrimonio que pertenecen a la órbita del Estado nacional, es muy limitado y
centralizado en la ciudad de Buenos Aires. La CNMLH cuenta con delegados y asesores de
cada provincia del país. Las disposiciones, distancias, tiempos, voluntades, intereses y
capacidades técnicas que se disponen desde este organismo llevan a que, con frecuencia, se
considere contraproducente para los propósitos de cuidado y exposición de los bienes
patrimoniales su incorporación al registro del patrimonio nacional a cargo de la CNMLH.
Fuera del accionar de la Comisión existe un gran número de declaraciones de bienes de
interés patrimonial realizadas por municipios o Estados provinciales. El organismo siempre ha
sido considerado por los distintos gobiernos nacionales de turno como un espacio reservado a
ser conducido por miembros de la alta burguesía porteña de la misma manera que ocurre con
el Museo Nacional de Bellas Artes (ubicado en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires).
Actualmente la Comisión es presidida por Teresa de Anchorena, descendiente de una de las
familias más acaudaladas de la historia argentina (Reguera, 2013).
Por su parte la carta magna argentina, sancionada en 1994 es menos explícita y taxativa en
relación al patrimonio cultural al señalar:
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Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras [...] Las autoridades proveerán a la protección
de este derecho […] a la preservación del patrimonio natural y
cultural.
Constitución Nacional Argentina, 1994, artículo 416
Se desprende asimismo del texto un dominio y prevalencia de lo natural frente a lo cultural,
también relacionado con tendencias observables en años recientes (Mulvany, 2002) en torno a
un espacio legislativo en el que resta mucho por atender de manera explícita y concreta
(Zendri, 2017). Esta subordinación de lo cultural a cuestiones ambientales es idéntica a la que
se observa en los protocolos y normas oficiales destinados al estudio del impacto en el
territorio de una obra de ingeniería que habitualmente siguen los marcos de referencia que
dictan los organismos de crédito multilaterales.
Un ejemplo del escaso interés que mostraron los constituyentes por el patrimonio cultural es
el hecho de que la constitución argentina no indica cuál es la lengua oficial de la República
Argentina ni hace referencia alguna a otras de uso cotidiano en el país.
La ley no 25.197 de 1999, que creó el Registro Nacional del Patrimonio Cultural, no ha sido
reglamentada. Dicha ley “… entiende por "bienes culturales", a todos aquellos objetos, seres
o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la evolución de
la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico
excepcional. El universo de estos bienes constituirá el patrimonio cultural argentino”7.
En el 2003 se sancionó la ley no 25.743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico que ha tenido reglamentación mediante el decreto 1022/04 que indica que la
autoridad de aplicación de la ley a nivel nacional, para todo lo referente al patrimonio
arqueológico, es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano,
mientras que para el patrimonio paleontológico, lo es el Museo de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia (ambas instituciones radicadas en la ciudad de Buenos Aires).
El Estado nacional argentino dispone para la gestión patrimonial diversos organismos que,
entre sí actúan, con independencia a diferencia de la centralización organizativa que se
presenta en Brasil a través del IPHAN. Entre los organismos con alcance federal en Argentina
se destaca el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL)
que fue creado el 20 de diciembre de 1943 con el nombre de Instituto Nacional de la
Tradición, por iniciativa del maestro Juan Alfonso Carrizo, quien fue su primer director.
Desde 1973 tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires, en una cosan del barrio de Palermo.
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A lo largo de su existencia cambió de nombre “según las distintas funciones que fue
cumpliendo en la conformación de la identidad y la cultura nacionales”: Instituto Nacional de
Folklore, Instituto Nacional de Filología y Folklore, Instituto Nacional de Antropología y, a
partir del año 1991, se le da su presente denominación. Siempre según su sitio de internet8
realiza “…tareas de gestión, investigación, asesoramiento, capacitación y protección del
patrimonio nacional” y “Desde su creación, se realizan estudios e investigaciones en las áreas
de antropología social, folklore y arqueología. Se llevan adelante proyectos dedicados a la
recuperación, documentación y gestión del patrimonio cultural tangible e intangible. También
se asesora en propuestas alternativas de desarrollo socio-cultural y económico regional”.
Según se informa en su sitio oficial de la red sus funciones son:
Preservar, documentar, difundir y asesorar sobre el patrimonio cultural tangible e
intangible a nivel nacional.
Concientizar y asesorar sobre los mecanismos de protección del patrimonio cultural.
Producir conocimientos y asesorar sobre estrategias de vida pasadas y presentes.
Investigar, recuperar, preservar, documentar y proteger los sitios arqueológicos,
terrestres y subacuáticos y con arte rupestre.
Llevar un registro nacional de los sitios arqueológicos, terrestres y subacuáticos, y su
estado de conservación.
Rescatar y fortalecer la memoria colectiva y del reconocimiento de nuestra identidad
cultural, dentro de su diversidad y mestizaje, y el respeto por el pluralismo cultural y
étnico.
Participar y asesorar en propuestas de alternativas de desarrollo sociocultural regional
y en la planificación de políticas socioculturales, evaluando las necesidades culturales
de la población.
Estudiar y difundir las culturas tradicionales, indígenas y criollas e incentivar a la
comunidad a valorar su historia y su riqueza cultural.
Intervenir en la promoción, capacitación y difusión de las artesanías tradicionales
argentinas.
Participar en la conformación de redes de información cultural.
(Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano)9
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La interpretación en el sentido de que “… el sistema federal argentino pone en manos de las
provincias el deber y la responsabilidad de proteger el patrimonio cultural que se encuentra
en sus jurisdicciones” (Endere, Mariano, Conforti y Mariano, 2015, p. 208) se contradice que
las atribuciones que el INAPL y la CNMLH señalan disponer al tiempo que resulta evidente
la imposibilidad y falta de capacidad de ejercicio efectivo de los propósitos enunciados por
los organismos nacionales, en cuanto a su función, a lo largo y ancho de todo el territorio
nacional. Tanto la CNMLH como el INAPL poseen una infraestructura muy limitada en
cuanto a personal, espacio y equipamiento que, a pesar de lo que se manifiesta formalmente
en cuanto a sus incumbencias, es altamente centralizada en y desde la ciudad capital del país,
con escasa relevancia para el conjunto de las jurisdicciones. De la lectura de los objetivos del
accionar del INALP se puede inferir cierta superposición con las funciones que se propone la
CNMLH y con otras reparticiones públicas provinciales y las de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Por otra parte también vinculados con la protección y la gestión el patrimonio
se cuenta con la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional y la Dirección Nacional de
Museos. La CNMLH puede considerarse como equivalente argentino del IPHAN aunque se
debe poner de relieve que existen otros organismos del Estado nacional abocados a temas
patrimoniales.
Utilizando los mismos parámetros, esta caracterización se complejiza si es elaborada a partir
del análisis de las respuestas que ofrecen a nivel global, regional y nacional, las distintas
especialidades profesionales involucradas en la gestión patrimonial y la actitud de los
distintos tipos de público en relación a la problemática. El patrimonio cultural en Argentina
ha sido entendido desde los ámbitos estatales, de manera sesgada y limitada, como
principalmente incumbencia de arquitectos e historiadores, estando focalizado su manejo de
manera centralizada en la ciudad de Buenos Aires. Ello ha dejado de lado grandes porciones
de la geografía, del espacio temporal con presencia de asentamientos humanos y ha
privilegiado determinadas producciones asociadas a las clases altas de los tiempos históricos.
Auge y desplome de la gestión patrimonial en el neoliberalismo del siglo XXI. La
actualidad de la construcción de los imaginarios nacionales. El espacio del patrimonio
cultural
“... la crisis coincide con una fatiga de las formas e ideas en la
administración del patrimonio, un sector que había tenido especial
vigor entre 1985 y finales de los 90, cuando se inventa la gestión del
patrimonio y un sector joven y nuevo funciona como reemplazo de
una arqueología académica (en universidades y museos) que no
ofrecía soluciones para la emergente gestión del patrimonio”.
Criado-Boado, 2016: 79
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Las palabras de Criado-Boado deben ser entendidas en el marco de la crisis generada por los
cambios políticos que, en España, se dieron a partir de la intensificación de las medidas
conservadoras generadas bajo la presidencia de Mariano Rajoy (2011-2018) que tuvo
expresiones públicas de marcada afinidad ideológica con la de su par argentino, Mauricio
Macri (2015-2019). El cambio consistió en una marcada tendencia a privilegiar la economía
privada empresarial y, simultáneamente, con el progresivo repliegue de las responsabilidades
que asumidas por el Estado. El cuidado y gestión del patrimonio es desatendido y atendido
según intereses que bien pueden ser coyunturales y de muy diversa fundamentación. Una de
las expresiones que se fortalecen en relación al patrimonio, desde los años ochenta del siglo
pasado en adelante, está dada por los estudios de impacto ambiental que incluyen la
protección de bienes culturales y naturales. Con el transcurrir de los años las exigencias y
compromisos asumidos por los Estados fueron disminuyendo de manera notoria hasta
alcanzar reiteradamente el formato de un simple trámite de con escasa especificidad.
Simultáneamente es frecuente observar que, en nombre de la protección y valorización del
patrimonio determinadas personas, o sectores de la población, encuentren una oportunidad o
pretexto para la defensa de sus intereses individuales o sectoriales primordiales que se
encuentran alejados de toda intencionalidad de defensa del bien común de una sociedad.
Desde una perspectiva pensada desde un momento de la realidad de la Unión Europea (Borja,
2002) concluye que
Las bases sobre las que se sustentaba el Estado-nación se han
modificado: los conceptos de defensa nacional y de economía
nacional han perdido gran parte de su sentido y, por lo tanto, también
el de “soberanía nacional”. No hay razones serias para limitar los
derechos de los no nacionales por razones de “interés nacional” o de
patriotismo. En el marco de la Unión Europea, por ejemplo, la
inserción de los países europeos en entidades supranacionales es un
hecho tan potente como irreversible. Y la percepción del otro como
“enemigo” potencial por el hecho de su nacionalidad o extranjería es
un anacronismo”. Borja, op. cit : 12
A solo una quincena de años de producidas estas aseveraciones la actual realidad europea
parece conducir a conclusiones diferentes donde lo irreversible (como casi siempre ocurre)
debe ser relativizado aunque, claro está, sin significar que se haya retrotraído a concepciones
vigentes en el pasado.
Tras una oleada de gobiernos de principios del siglo XXI que fueron caracterizados
alternativamente como progresistas, posneoliberales, nueva izquierda, antineoliberales, o
populistas (Nikolajczuk y Prego, 2017) como los de Lula (Brasil), Correa (Ecuador), Bachelet
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(Chile), Chavez (Venezuela), Kirchner (Argentina) y Lugo (Paraguay), la segunda década de
esta centuria se caracteriza en Latinoamérica por el ascenso al poder, generalmente a través de
un proceso electoral, de Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdó Benitez (2018) en
Paraguay; Mauricio Macri en Argentina (2015); Michel Temer (2016) y Jair Bolsonaro
(2019) en Brasil; Jimmy Morales en Guatemala (2016); Sebastián Piñera en Chile (2010 y
2018); Lenin Moreno en Ecuador (2017); e Iván Duque en Colombia (2018). El
individualismo y la promesa de un futuro de esplendor que deja en el olvido al pasado son
elementos fundamentales del discurso al igual que el hecho de favorecer procesos de
transnacionalización económica en desmedro del desarrollo local. Esta nueva narrativa deja
de lado a los principales soportes de las actividades de gestión patrimonial: el bien común y
los procesos de construcción de sentidos de pertenencia a un territorio. Simultáneamente no
encuentra eco uno de los principales justificativos para el financiamiento de actividades de
gestión patrimonial: los beneficios que puede significar para la comunidad local. De cara a
esta realidad los sectores de los distintos niveles de educación, académicos de las ciencias
sociales y, en general, los intelectuales han mostrado mayoritariamente una postura
sumamente crítica por lo que emerge la necesidad de análisis y (auto)crítica de lo actuado por
propios y extraños que ha posibilitado que la sociedad arribe a un presente de estas
características.
El 26 de abril de 2019 el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó a través de su cuenta
oficial de Twitter (@jairbolsonaro), la intención de su gabinete de detener inversión
monetaria en carreras que no proporcionen empleo y renta para las arcas del país en particular
las de filosofía y ciencias sociales en las instituciones universitarias de ese país con las
siguientes expresiones:
“O Ministro da Educação @abrahamWeinT estuda descentralizar
investimento em faculdades de filosofia e sociologia (humanas). Alunos
já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que
gerem retorno imediato ao contribuinte, como: veterinária, engenharia
e medicina”. Nodal, 201910
a lo que agregó ese mismo día
“A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando
para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta e depois um ofício que
gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a
sociedade em sua volta” Nodal, op. cit.11
El proyecto, que procura implementar el ministro de educación de Brasil, Abraham
Weintraub, consiste en suspender el patrocinio a carreras como filosofía o sociología, medida
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que, según el funcionario, no habrá de afectar a los estudiantes que ya estén matriculados en
dichas áreas universitarias. Con la intención de dar respaldo de sus intenciones, el ministro
señaló:
“Necesitamos elegir mejor nuestras prioridades porque nuestros
recursos son escasos. Me gusta la filosofía, pero imaginen una familia
de agricultores cuyo hijo entró a la facultad y cuatro años después
vuelve con un título de antropólogo”. Clarín. Brasil12
Asimismo el ministro anunció un recorte presupuestario del 30% para tres universidades
federales e indicó que
Las universidades que, en vez de buscar mejorar el desempeño
académico, estén creando desorden, sufrirán reducciones
presupuestarias (Conclusión)13
A los pocos días de ser anunciada la reducción presupuestaria fue confirmada por la propia
Universidade Federal Fluminense (UFF)14. Por su parte el Secretario de Educación Superior
del ministerio, Arnaldo Barbosa de Lima Junior, dijo que el bloqueo presupuestario sería
aplicado a todas las universidades e institutos federales y que el recorte fue hecho "de forma
preventiva" y "sólo sobre el segundo semestre"15.
El mismo 26 de abril el Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior
(ANDES-SN) divulgo una nota de repudio a las decisiones presidenciales que concluye con el
párrafo siguiente:
Para formar individuos autônomos, que se apropriam do patrimônio
cultural, artístico e científico, historicamente produzido pela
humanidade é necessária uma formação humana em que a filosofia, a
sociologia e outras ciências estejam presentes. Não existe
emancipação humana sem educação pública de qualidade!
ANDES, 26/04/201916
El 30 de abril de 2019 el Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras (CAHRF) de la
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) expresó formalmente su rechazo
ante a las manifestaciones del gobierno brasileño referidas a la enseñanza universitaria de
filosofía y ciencias sociales al tiempo que se señala “Sin ese nivel de brutalidad medidas de
este tipo están siendo aplicadas en la Argentina, por lo que el ataque al pensamiento crítico y
al desarrollo de las ciencias sociales superan las fronteras brasileñas”17. Esta hostilidad y
achicamiento que se implementa desde las más altas esferas de la conducción estatal afecta a
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todos los ámbitos de las ciencias sociales y humanas siendo en este texto analizado desde las
implicancias que posee para el universo de la gestión del patrimonio público.
La realidad social de toda época requiere de explicaciones desde múltiples perspectivas. “En
este momento en que el mundo se está produciendo un giro a la derecha y en Brasil se discute
un proyecto de ley conocido como «Escuela sin Partido», es forzoso reflexionar acerca de
cómo estas instituciones pueden ser impactadas por proyectos como éste y qué posición
deberán asumir los museos” (Duarte Cândido, 2018: 270).
Como sucede en muchos casos, consideraciones sobre temas de este alcance pueden estar
impregnadas tanto de excesos de optimismo como de escepticismo como también por el
difícilmente soslayable obstáculo de centrarse en demasía a partir de observaciones producto
de la realidad local o regional. Quizás un ejemplo de ello, en relación a los paradigmas de la
sociedad occidental del siglo XXI, es la elaborada por Byung-Chul (2010) quien concluye que
el siglo pasado era una época que este autor define como “inmunológica”, “… mediada por
una clara división entre el adentro y el afuera, el amigo y el enemigo o entre lo propio y lo
extraño. También la guerra fría obedecía a este esquema inmunológico” (Byung-Chul, op.
cit.: 13) en la cual la otredad era una categoría fundamental. El presente, siempre según las
observaciones ofrecidas por este filósofo, se caracteriza por la desaparición de la otredad y la
extrañeza. Desde una mirada posicionada en nuestro tema de análisis y siguiente este enfoque,
se puede concluir que el paradigma social dominante en el siglo pasado redundaba en un fértil
campo de cultivo para el sostenimiento e impulso de pensamientos y actitudes en favor del
desarrollo de las distintas identidades nacionales en un contexto de una sociedad (la
“occidental”) que, en su conjunto, “encerraba una ceguera: se repele todo lo extraño” (Byung-
Chul, op. cit.).
El patrimonio a partir de los años ochenta
Hace un tiempo he dado en denominar al patrimonio cultural como el “nuestro social”
(prólogo del libro Alvarez, Bessone y Kulemeyer, 2014). El procurar entender el
funcionamiento en una determinada sociedad de alguno de aquellos rasgos omnipresentes y
que la atraviesan en todo su seno recibiendo variadas formas de atención y conocen
situaciones disimiles según el contexto como, por ejemplo, salud, educación, género, justicia,
patrimonio, etc., constituye una herramienta metodológica privilegiada en los intentos de
analizar la realidad.El patrimonio cultural y natural y la producción artística actual son
impulsadas y sectorizadas desde el poder en función de intereses comerciales y políticos. El
turismo es uno de los pilares habituales de este proceder aunque muchas otras expresiones del
poder dominante también lo son. Desde el momento mismo de la selección de los bienes a
gestionar y luego una fuerte tendencia a tergiversar y orientar la presentación pública de
resultados en función de intereses sectoriales del presente es parte de la cotidianeidad actual
que impulsa en nombre de la patrimonialización.
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El patrimonio puede ser conceptuado como un conjunto de bienes que son de propiedad y
gestión pública y, simultáneamente, observamos que lo público en el presente muchas veces
está a cargo de líderes que desdeñan lo público. Indudablemente la naturaleza de su
conceptualización y la matriz de la que forma parte el patrimonio cultural y su gestión
conlleva una dependencia importante del espíritu de la época y de los humores políticos
coyunturales. El análisis de la gestión del patrimonio en un territorio, un caso o un tiempo
determinado lleva inevitablemente a la consideración del contexto general en el que se
inscriben las acciones. Sucede que en los procesos de patrimonialización hay mucho en juego:
se involucran personas, diseños de políticas a nivel territorial, se desarrollan capacidades,
líneas de investigación pretendidamente de largo alcance, se generan expectativas y
convicciones que tienen como referencia determinados planteos generados desde las altas
esferas de la conducción estatal que se esfuman de un día para otro generando una sensación
de derrumbe en aquellos que se sintieron parte de una construcción en la cual depositaron sus
principales expectativas de futuro en cuanto al espacio social que ocuparían. Para el período
independiente de Brasil y Argentina se puede, a grandes rasgos, diferenciar tres grandes
momentos históricos en cuanto al tratamiento del patrimonio cultural desde la esfera pública:
1.- como respaldo indispensable para la articulación y consolidación de referencias
principales de una identidad nacional en construcción;
2.- luego de la segunda guerra mundial se desarrolla una gestión del patrimonio asociada con
concepciones monumentalistas resultantes de interpretaciones sobre el territorio planteadas
especialmente según criterios arquitectónicos e históricos. Estas posturas dejaban sin
representación a la mayor parte de los sectores de la población y de la geografía;
3.- a partir de los años ochenta del siglo pasado, con las concepciones neoliberales al frente
del poder en los Estados, se observa Barci Castriota (2018) un cambio de época en la
consideración del patrimonio cultural que pasaría de una fase “dogmática” para acercarse a
una perspectiva “crítica” caracterizada por la percepción de estar histórica y socialmente
determinado. El mismo sentido diversas investigaciones han pasado de la conceptualización
del patrimonio como “acervo cultural” a la de “construcción social”. Este punto de inflexión
ha sido caracterizado en distintos ámbitos, tanto en su temporalidad como origen. Así,
En los años ochenta se abrió en el mundo académico, sobre todo en el
anglosajón, un nuevo campo de estudios sobre sociedades que fueron
calificadas de multiculturales por la presencia en ellas de minorías que
habían resistido el proceso de homogeneización cultural. Este debate
sobre el multiculturalismo fue seguido rápidamente por «políticas de
reconocimiento» de estas minorías en el ámbito societal mayor del que
formaban parte”. Lazarte Rojas, 2009: 71
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Estos inicios coinciden, aproximadamente, con el fin de lo que Hobsbawm (1999) denominó
como “el breve siglo XX”. El pasado reciente de la gestión patrimonial ya venía plagado de
fuertes contradicciones y distanciamiento entre discurso oficial y legislación de efectos
meramente declamativos por un lado y la realidad práctica de la gestión (Kulemeyer, 2018a).
Sucede que ahora el discurso oficial hizo un viraje en sentido contrario al que se venía
produciendo desde las más altas esferas de conducción estatal por lo que el sustento
económico de las actividades de gestión patrimonial pierde vigencia ni puede ser reclamado a
quienes desde el poder argumentaban a favor de la defensa de los bienes patrimoniales de la
sociedad a pesar de que rara vez esas expresiones se compadecían con el necesario
compromiso presupuestario.
Olivato Pozzer (2013) apunta al hecho de que las reformas orientadas al mercado de capitales
privados realizadas en América Latina a partir de la década de 1980 disminuyeron los gastos
públicos y los recursos humanos de las organizaciones nacionales de patrimonio cultural y, en
particular, destaca el rol del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) organismo financiero
que comenzó a tener injerencia directa en las políticas públicas en materia de gestión del
patrimonio cultural materializada a través del Programa Monumenta iniciado formalmente en
el año 2000 y que se extiende hasta el 206. El BID aspiraba a desarrollar modelos de políticas
que “… conciliem a conservação do patrimônio, a dinâmica econômica e os interesses
imobiliários” por lo que “… o Banco financia a intervenção em um tipo bem determinado de
patrimônio: o patrimônio urbano material” (Olivato Pozzer, op. cit.). Durante el gobierno de
Ignacio Lula da Silva (2003 - 2010) el coordinador nacional del Programa Monumenta es
nombrado presidente del IPHAN y toda su estructura se incorpora al organismo nacional con
el propósito de tender puentes con programas gubernamentales de acción social.
Durante esta etapa se estrecha el vínculo con procesos de desarrollo de la relevancia que
adquiere el patrimonio en su relación con estrategias políticas de los más variados signos, y
con aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales, educativos, jurídicos, etc. que
involucran a amplios sectores de la sociedad, e implicaron un despliegue de las incumbencias
estatales sin precedentes (que, las más de las veces, no han sido honradas como correspondía).
El patrimonio pasa a ser valorado como un agente de desarrollo sostenible subproducto
relevante de una sociedad cuya base para el desarrollo es el conocimiento y que, por lo tanto,
genera grandes expectativas. En esta etapa se presenta un exponencial incremento de la oferta
académica de cursos y carreras universitarias completas, especialmente de posgrado pero
también de grado, relacionados con patrimonio.
Simultáneamente se observa, con frecuencia, una contradicción entre la buena imagen que en
la sociedad tiene la arqueología como disciplina científica y el menor aprecio con que cuentan
las tareas concretas de gestión del patrimonio arqueológico en cuanto a las inversiones y
contratiempos que supone su práctica. Esta situación se repite, quizás en menor grado, en la
labor de otras disciplinas de gestión patrimonial lo que, en su conjunto, ayudó sostener
actitudes ambivalentes por parte de los Estados y particulares (en especial de los referentes de
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la obra pública). Es de señalar que, a diferencia de lo que ocurre con otros ámbitos del mundo
del trabajo contemporáneo, la actividad de gestión patrimonial en general, y en particular en
lo que atañe a la arqueología, es complementada y enriquecida por desarrollos generados con
las nuevas tecnologías pero no puede ser suplida por ellas y no se avizora la posibilidad de
que ello pueda ocurrir, al menos en el mediano plazo.
La conformación de la sociedad propuesta por la política de las identidades
“El discurso político oficial repite ad nauseam que Chile ha entrado en
el tercer milenio dotado de una política de reconocimiento que le
conduce a redefinirse como nación, ya no en base a la tradicional
matriz blanca-europea, sino como entidad pluricultural y multiétnica”.
Boccara y Bolados, 2010, p. 652
El neoliberalismo había logrado unificar los discursos de la derecha liberal con los del
progresismo en temas que se consideran, por ambas vertientes, políticamente correctos en
cuanto a su defensa. El gobierno de Bolsonaro se caracteriza por desentenderse y hasta
combatir estos consensos discursivos de amplios sectores del espectro político que no
afectaban grandemente los dogmas económicos dominantes pero si implicaban una forma de
organización social que recibía algún apoyo estatal en tanto que Mauricio Macri, su par
argentino, mantiene ocasionalmente parte del discurso del gobierno anterior y, al mismo
tiempo, ha quitado buena parte de los aportes monetarios destinados a esos propósitos. De
cara a esta nueva situación generada desde el poder es la vertiente progresista la que más
afectada observa la realidad social del presente perdiendo aliados en el discurso que le ofrecía
la biopolítica o política basada en identidades (identity based policies) que, con frecuencia, se
puede caracterizar como política basada en ciertas identidades determinadas por la
autopercepción de los individuos que constituyen los grupos de referencia. La política de
identidad sostiene que las personas manejan un determinado repertorio de ideas, creencias,
derechos e intereses que les son comunes con los demás integrantes de su propio grupo por lo
que demandan y requieren políticas comunes que, desde las esferas de gobierno, deben ser
específicas para cada uno de ellos lo cual, necesariamente, genera tratos diferenciales que
llevan a roces en la sociedad. Asociado a este modelo de organización social, las identidades
más ligadas al patrimonio cultural, desde las ciencias sociales y las políticas públicas, son las
determinadas por aspectos étnicos. Sin embargo,
“La identidad no es nunca pura ni natural, se construye y modifica
permanentemente en la interacción de los sujetos con los otros y con
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el mundo, y por tanto es una torpeza pretender políticas conservativas
de la supuesta originariedad de las culturas indígenas, o de las
nacionales”. Follari, 2002, p. 34
Se promueven, entre otros, relatos de un pasado del que el grupo indígena actual representaría
una continuidad en el tiempo, en una linealidad que no admite movilidad espacial ni cruces
con miembros de otros grupos. Este pasado, incluyendo su relato, le pertenecería como
patrimonio a la comunidad, es sacralizado y no admite que pueda ser puesto en duda (ni en
sus fundamentos ni coherencia) ya que sería parte valiosa de una identidad que tendría
continuidad desde tiempos inmemoriales (“milenario”, “ancestral” son términos con los que
se traduce este concepto que, en la práctica, desdibuja el conocimiento del pasado). Como
consecuencia las comunidades indígenas (en el discurso es frecuente asimilar el concepto
“comunidades” al de “comunidades indígenas”) son consideradas propietarias de los sitios
arqueológicos de los espacios que se consideran como sus territorios, las más de las veces sin
buscar determinar la profundidad temporal y vinculación con el grupo actual que pudiesen
tener los restos de los asentamientos humanos del pasado. Estas expresiones del pensamiento
crítico serían comunes a todos los miembros de la comunidad. Por otro lado, la concepción
patrimonial que se propone que ostenta la comunidad y que, como queda dicho, es también,
sustentada por determinados sectores del mundo académico, se extiende a celebraciones,
costumbres, conocimientos y actividades del presente, muchas veces con una racionalidad del
sentido y alcance de la propiedad que se asimila a las del neoliberalismo lo cual permite una
alianza fáctica a partir de discursos supuestamente contrapuestos (Boccara y Bolados, 2010).
Procurar entender las razones por las cuales algunos mandatarios nacionales latinoamericanos
han obtenido apoyo popular que los ha llevado al poder de los países supone la obligación de
analizar los discursos, actuaciones e incidencias, ajenas y propias, al menos las del pasado
reciente y las del presente. El mundo de la docencia y la intelectualidad no puede, de cara a la
realidad política actual y a cuyas concepciones dice mayoritariamente oponerse, ignorar que
puede haber cometido errores, por lo menos en cuanto a los modalidades en la comunicación
de los conceptos que se han manejado (y se manejan) como válidos, y que son parte de la
realidad discursiva que confluyó a la situación del presente que, en tiempos recientes, logró
conformar mayoría en las urnas.
Cabe el planteo de algunas inquietudes tales como ¿es posible pensar algún tipo de relevancia
de las disciplinas que participan activamente en la gestión patrimonial en escenarios de crisis
política y social como los actuales?. La respuesta es afirmativa por la importante y creciente
trascendencia pública que ha tenido el patrimonio, tanto a nivel de realizaciones (por
presencia o ausencia) como en los debates.
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La gestión del patrimonio bien emprendida puede ser parte de la solución en un contexto de
paradigmas de acción política en beneficio de la sociedad. La gestión del patrimonio es, en
todos los casos, también un hecho político. Fraser (2017) introduce el concepto
“neoliberalismo progresista” en las que los conflictos sociales se reducen a situaciones que
padecen determinadas minorías definidas en base a aspectos biológicos y de orientación
sexual dejando generalmente de lado la consideración de destacadas relaciones de poder
existentes en la población, especialmente las de orden económico. El alertar sobre la
existencia de este “olvido” no implica desdeñar ni descartar los análisis basados
exclusivamente en las problemáticas que pone de relieve la biopolítica sino que surge como
necesidad si es que la intención es favorecer propuestas que tiendan a mejorar la calidad de
vida del conjunto de la sociedad. La consideración y toma de partido de cara a los factores
que hacen al conjunto del sistema, a lo general, no significa olvidar ni ignorar lo individual ni
a los “colectivos”.
Resultan valiosas las consideraciones que realiza Harris (1984) sobre la estructuración y
cambios producidos sociedad estadounidense con posterioridad a la finalización de la segunda
guerra mundial, en particular los sesenta y setenta del siglo veinte en los que describe
procesos que luego, progresivamente a partir de los ochenta, alcanzarían de manera creciente
prácticamente a nivel global. Harris propone que buena parte de las transformaciones están
relacionadas con la atención de las demandas del sistema económico de producción de bienes
y servicios y otras de carácter ideológico.
Sin pretender profundizar el debate sobre la pertinencia o justicia de cada una de los
embanderamientos, resulta sorprendente la centralidad que han adquirido en la agenda
política, desplazando a los tradicionales debates impulsados, por ejemplo, por los grupos de
izquierda. El progresismo político queda reducido a lo que el neoliberalismo tolera como
aceptable como objeto de debate. La búsqueda y el debate han sido planteados en torno a
simbolismos a los que se atribuye carácter identitario, distintivo, sin inmiscuirse de manera
directa en una mirada crítica del sistema económico que caracteriza al conjunto de la
sociedad.
Probablemente una de las consecuencias salientes del abandono de los términos
fundamentales de los problemas sociales por parte del llamado progresismo es la emergencia
y crecimiento del protagonismo de distintas organizaciones religiosas que, en parte, adoptan
como propia la agenda parcialmente dejada de lado como eje aspectos centrales del debate
político. La problemática de la pobreza, la educación y la salud son, progresivamente y cada
vez más, abordadas y atendidas por grupos religiosos cuyo discurso no suele poner énfasis en
los actuales planteos de organización social en sectores (minorías) a partir de diferencias de
base biológica. Paradojalmente mayoritariamente es el propio Estado (nacional, provincial o
municipal) el que presta el sustento económico para que los distintos credos puedan cumplir
con la función de atender a amplios sectores de la población en materia de educación,
alimentación a los más necesitados, esparcimiento y salud.
Jorge Alberto Kulemeyer
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129
Con la asunción en el poder de los nuevos conductores de las políticas nacionales, asociados
y/o representantes de los sectores más globalizados de los grandes capitales nacional e
internacional, repentinamente aquello que se proponía como indiscutible desde buena parte de
las ciencias sociales y referentes con importante predicamento social que habían encontrado
aliados en gobiernos anteriores, es desplazado generando un cambio de rumbo con
importantes consecuencias negativas para la población. La mayoría de los actuales jefes de
Estado latinoamericanos promueven decisiones para que la porción del sistema estatal que
albergó en estos posicionamientos y campos laborales deje de existir de manera abrupta y
permanente.
Se propone aquí que las posturas aceptadas por gobiernos como los de Lula, Dilma y
Kirchner, sean analizadas y reconsideradas al menos en cuanto a la receptividad que
encuentran en las grandes mayorías nacionales, por lo que se hace necesaria la búsqueda de
motivos que llevaron a buena parte de la población a volcarse por opciones contrarias a los
enunciados considerados como piedras angulares del pensamiento social de avanzada. Ello
implica un planteo de fin de ciclo ni significa que los postulados de la política de identidades
sean obsoletos, tampoco que hayan perdido definitivamente la batalla y, menos aún, que las
actuales conducciones nacionales marquen un rumbo que de manera definitiva e irrevocable
digiten a futuro la agenda política, social, económica, cultural y educativa de los países
referenciados. El propósito es aportar ideas y modos de acción que conduzcan a una sociedad
más justa y equitativa, procurando las mejores alternativas de solución a problemas concretos.
Los signos políticos del presente y la gestión del patrimonio
“Al no hacer suyos más que la rentabilidad y el reino del dinero, el
capitalismo aparece como una apisonadora que no respeta ninguna
tradición, no honra ningún principio superior, ni ético, ni cultural, ni
ecológico”. Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 3
Parece evidente que, actualmente, se presenta un cuarto momento histórico caracterizado por
el desentendimiento de los Estados (especialmente en su versión nacional) de todo
compromiso con el patrimonio y su gestión. Este proceso es relativamente incipiente en Brasil
y Argentina, países en los que registra características propias, especialmente si el análisis de
la situación se realiza teniendo en cuenta el punto de partida en la materia. Las
particularidades generales asociadas a este drástico cambio de rumbo ya se comenzaron a
registrar con anterioridad en países como España y las consideraciones elaboradas por los
colegas peninsulares respecto a las tendencias presentes en la segunda década del siglo actual,
resultan un aporte valioso:
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“Coincidió ello además con la degradación del sistema de cautelas
públicas hacia la protección del Patrimonio Arqueológico y la
aparición de un nuevo marco legislativo, sustitutivo de las leyes
anteriores redactadas a mediados de los años 90, que rebaja el
estatuto de la arqueología en la gestión del patrimonio y cercena la
posibilidad de una auténtica arqueología preventiva. Se dio la
paradoja de que, cuando más necesario era sustituir la arqueología
de rescate y salvamento por una planificación preventiva, en vez de
operar este cambio hacia adelante, la gestión de patrimonio se vuelve
hacia atrás respondiendo en gran medida a exigencias corporativas
de constructores y promotores”.
Criado-Boado, 2016, p. 79
El cambio se realiza aún en el marco de las políticas neoliberales pero como una especie de
fase superior de ellas en las que los principales referentes de las conducciones estatales
desarrollan políticas en las que no se privilegia lo público y, consecuentemente, se degrada el
bien común. Ello significa un drástico y sensible quiebre por sus implicancias para el
patrimonio (cultural y natural) y otras políticas públicas direccionadas a determinados
sectores de la población que fueron impulsadas por los gobiernos anteriores con el apoyo
explícito y material de, entre otros, los organismos de crédito multilaterales y de cooperación
internacional, además de organizaciones de la sociedad civil locales y del hemisferio norte.
Este cuarto momento histórico implica, además de un empeoramiento de la situación laboral
de aquellos ligados a las actividades patrimoniales sino también la necesidad de una visión
retrospectiva de los procesos asociados al desarrollo de lo que aquí se presenta como tercera
etapa que, con sus dificultades y contradicciones, muchos la consideraban sólida y con
continuidad asegurada. A partir de este nuevo contexto se debe, además, repensar todo tipo de
planificación y teorización a plantear de aquí en más. Parafraseando a Criado-Boado (op. cit:
81) cabe preguntarse si es posible definir un modelo de gestión patrimonial sostenible no
dependiente de subvenciones ni de coyunturas económicas, conectado con la realidad y la
sociedad. La respuesta es compleja aunque, en principio, el desarrollo de la actividad con
dichas características supone una fuerte desdibujamiento de las acciones y sus productos,
mucho mayor aún que el vigente con anterioridad. En muchos casos la actividad de gestión
patrimonial a cargo de profesionales universitarios especializados se venía deteriorando desde
el momento en que sus observaciones fueron colocadas y valoradas en un pie de igualdad o,
directamente, sometida a las consideraciones de sectores de la sociedad a los que se
consideró, sin mayor fundamento ni debate, propietarios de los bienes. Con las actuales
posturas de los líderes políticos de Brasil y Argentina la situación del patrimonio y su gestión
se presenta como de extrema debilidad.
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De cara a los contextos políticos actuales muchos de los planteos precedentes tienden a caer y
entre los especialistas no aparecen, a primera vista, las siempre necesarias utopías que
contribuyan a una transformación positiva de la realidad, aunque más no sea en mínimas
expresiones.
Por estos tiempos no resulta posible hablar de patrimonio cultural sin mencionar el incendio y
destrucción total del Museo Nacional de Rio de Janeiro (MNRJ), seguramente uno de los
desastres patrimoniales más importantes en la historia de la humanidad. El valor de sus
colecciones y su arquitectura superaba cualquier cálculo numeral que se pretenda elucubrar y
cualquier reconstrucción que se intente resultará una más que magra compensación ante la
imponente pérdida. De sus más de doscientos años de historia universal acumulada solo
quedaron cenizas y hoy solo dominan adjetivos calificativos negativos de cara a los hechos:
fragilidad, desinterés, desidia. Cabe el planteo de un par de preguntas para conocer algo sobre
el presente y futuro de la gestión patrimonial en Brasil: ¿de cuánto ha servido una lección de
tan alto costo? Y, ¿en qué medida se sienten afectados por la pérdida los responsables del
gobierno?.
La academia en su laberinto
El nuevo panorama político obliga a los profesionales orientados al quehacer vinculado con
los distintos aspectos que hacen a la gestión del patrimonio a evaluar críticamente su accionar
durante las últimas décadas en las que, en el caso latinoamericano y de la
antropología/arqueología, la referencia discursiva de contraparte social estuvo, en la inmensa
mayoría de los casos, orientada a las comunidades indígenas.
Se plantean críticas a las recientes orientaciones multiculturalistas de los estudios de
patrimonio en boga en la academia angloparlante, la mayoría de las cuales giran en derredor
de la ingenuidad política y la superficialidad teórica imperantes en los estudios sobre
patrimonio (Haber, 2019). El orden social aparece, en este tipo de interpretaciones, como la
expresión de un mundo que preexiste. Es así que se puede observar que, no pocos
arqueólogos, en aras sobrevalorar otras interpretaciones sobre las connotaciones culturales e
históricos de los restos materiales del pasado, dejaron de practicar arqueología sin por ello
dejar de entenderse a sí mismos como representantes de dicha profesión.
En ocasión del XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina realizado en la ciudad de
Río Cuarto (provincia de Córdoba) se realizó el Primer Foro Pueblos Originarios –
Arqueólogos en cuyo marco acordó el 14/05/2005 hacer pública una declaración que, entre
otros puntos, señala,
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“Considerando… la necesidad de establecer un diálogo sobre la base
del respeto mutuo entre pueblos originarios y arqueólogos y el
reconocimiento de, por un lado, la contribución de la arqueología
para el conocimiento del pasado indígena y, por otro, el interés
legítimo de las comunidades indígenas actuales por el patrimonio
cultural que les pertenece y que es sustento del conocimiento,
sabiduría y cosmovisión ancestrales”.
Declaración de Río Cuarto, 200518
La actividad de investigación de distintas disciplinas (a las que suelen etiquetar genéricamente
como coloniales) sin duda ha acumulado importantes desaciertos a lo largo de sus historias
pero, también, experiencias y avances en los conocimientos que ellas han producido que
constituyen insumos indispensables para la gestión patrimonial. Consecuencia de la
complejidad resultante de la puesta en práctica del “populismo epistémico” en el que
confluyen diferentes posturas, manifestaciones de poder y habilidades para la comunicación
de conocimientos, suelen aflorar situaciones tales como las que se desprende del siguiente
relato,
“Se encuestaron tanto contextos urbanos como en rurales, incluyendo
poblaciones indígenas mayas actuales. Interrogados sobre qué
relación tenían estos mayas actuales con los que construyeron las
ciudades prehispánicas como Chichén Itzá o Mayapán, contestaron
que no tenían vínculo alguno: los mayas del pasado son “los mayas
del INAH”, es decir, del Instituto Nacional de Antropología e
Historia… Dicen no tener nada que ver con “los gigantes” que
construyeron esas ciudades, entre otras cosas porque los actuales “no
son indígenas”, sino “mestizos”. Si siguen hablando “la maya” es
porque “les es cómodo”.
Gandara, 2018, p. 122
Es decir, puede que sea necesario ahondar en el análisis de las razones de esta presunta
obligación. Supóngase por un instante la posibilidad de que los mayas del presente tuviesen
razón en sus consideraciones. En ese caso, ¿cómo debe orientarse la gestión patrimonial en su
relación con las comunidades locales?; ¿por qué no es aceptable la postura de las
comunidades mayas en este caso y en otros sí lo es?; ¿si tuviesen una visión coincidente con
la del investigador, sí sería válida la postura?; ¿de qué manera museólogos, antropólogos,
arqueólogos pueden participar de los debates?.
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Los relatos de todo tipo, incluyendo los mitos de etnogénesis, bíblicos, etc., pueden constituir
bienes de valioso interés para acciones de gestión patrimonial y su presentación pública estar
sujeta a las consideraciones habituales expuestas, como en todos los otros casos, en un marco
de merecido respeto. La gestión del patrimonio no debe de perder de vista su esencia que es la
de transmitir, expresar y poner a consideración conocimientos específicos, señalando en cada
caso las fuentes y evitando por todos los medios el estar orientada a complacer posturas,
subjetividades e intereses de determinados sectores de la población. Un populismo basado en
una vocación de defensa de los intereses de distintas minorías cuya sumatoria constituye la
mayoría de la población al tiempo que esa misma mayoría le es esquiva al momento de
ofrecerle apoyo para lograr representación pública que permita dar paso a la materialización
de sus propuestas.
La postura puede inscribirse en lo que Bauman (2008) identifica como “La modernidad
líquida” al ofrecer una arqueología diluida, licuada, en materia de resultados, negando su
propia capacidad de respuestas propias (a los que consideran probablemente equívocos) para
los interrogantes con los que convive su propio objeto de estudio. Todo en nombre de la
búsqueda de lo auténtico, irreprochable y puro que, siendo las certeras explicaciones sobre el
pasado y su uso portadas por las comunidades indígenas quienes, supuestamente, desde
tiempos inmemoriales lo han portado en su memoria hasta el presente.
Se suele plantear que para evitar desarrollar ciencia colonial la intervención debe estar atada a
los intereses de la comunidad en una disyuntiva que llega en nombre de la descolonización de
las ciencias sociales teniendo como referentes principales a latinoamericanos que ejercen su
actividad en universidades de países anglosajones. Estos escenarios pueden llegar a relegar la
producción científica a un rol secundario e ignorar que hay un porcentaje importante de la
población que no está organizada ni coincide con estas opiniones. Con frecuencia, y en la
práctica, muchos antropólogos utilizan el término “comunidad” en referencia a un poblado no
urbano caracterizado como indígena, alejado de grandes ciudades. En los países al sur del Río
Grande estas posturas son compartidas por muchos colegas quienes apuestan por principios en
los que sobresale la lucha contra “… representaciones estigmatizantes contra indígenas,
mujeres, gays, afro-descendientes y otros subalternos” (Acuto, 2018, p. 142) al tiempo que se
acepta, sin atisbo de rebeldía alguna, el encuadre según patrones de producción y presentación
de trayectorias y resultados de investigaciones establecidos con marcado colonialismo
académico (espacios, modos y contenidos para la presentación de curriculum vitae,
publicaciones, citas bibliográficas de cada publicación, etc) con abrumadora mayoría de
textos en idioma inglés. Al respecto Lins Ribeiro sostiene que
“La lógica de la relación entre actores globales y locales en el campo
de la academia, o mejor, de la diseminación de ideopanoramas,
replica relaciones de poder en otras esferas. Al nombrar tendencias o
paradigmas, los actores globales garantizan su prominencia y la
afiliación de los locales a los universos discursivos que ellos, los
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globales, construyeron. La aceptación e incorporación acrítica de
rótulos como cultural studies y post-colonialism es problemática, pues
muchas veces viene con categorizaciones que implican una
esencialización o uniformización del otro desde arriba”.
Lins Ribeiro, 2005: 44-45
El progresismo latinoamericano, otrora caracterizado por ideas de izquierda, se ha ido
acercando a principios propios del liberalismo anglosajón. Ni una palabra sobre economía,
mucho menos sobre lucha de clases, nada que ponga a debate la pobreza, la miseria, el
hambre, en fin, al sistema económico dominante. A manera de ejemplo del esquema de
funcionamiento de estas propuestas cabe citar a Grosfogel (que se describe a sí mismo como
“latino en los Estados Unidos”) quien, refiriéndose a un “… congreso/diálogo en la Duke
University entre el Grupo Surasiático de Estudios Subalternos y el Grupo Latinoamericano de
Estudios Subalternos”, señala:
“El Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos compuesto
principalmente por académicos latinoamericanistas en los Estados
Unidos. A pesar de su intento por producir un conocimiento radical y
alternativo, reprodujeron el esquema epistémico de los Estudios de
Área en los Estados Unidos. Con contadas excepciones, produjeron
estudios sobre la subalternidad más que estudios con y desde una
perspectiva subalterna. Como la epistemología imperial de los
Estudios de Área, la teoría seguía situada en el Norte mientras que
los objetos de estudio están situados en el Sur”.
Grosfoguel, R., 2006, p. 19
En estas líneas epistemológicas parece importar de sobremanera el lugar desde donde se
realizan (conocimientos situados) al tiempo que prácticamente no se deja espacio para el
debate entre las distintas posturas (postmodernista, post-estructuralista, occidental, subalterna,
eurocéntrica, decolonial, poscolonial, etc.) que bien puede aportar a la reducción de errores de
perspectiva que, seguramente, tienen los distintos grupos académicos.
“Algunas partes del Pueblo (los sin hogar, los afro-descendientes, los
pueblos indígenas, las clases trabajadoras, y los inmigrantes) también
son sujetos ideales, porque encajan perfectamente en las expectativas
ético-políticas tanto de los liberales como de los marxistas ortodoxos.
Por el lado contrario, otros tipos de gente parecen resueltos a
desagradar a los arqueólogos comportándose de la forma
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equivocada: siendo avaros, patriarcales, xenófobos y desinteresados
por su pasado”.
González-Ruibal; Alonso González y Criado-Boado, 2018, p. 2
Estos autores plantean la existencia de dos populismos: uno epistémico (concepto introducido
por Grosfogel, 2006: 22), que ha recibido mayor consenso entre miembros de la academia, y
otro reaccionario caracterizado por políticas que tienden a la xenofobia, el racismo y a la
pauperización de la mayor parte de la población que es impulsado, entre otros, por sectores
del poder político y económico de tendencia derechista. En cuanto al primero, el llamado
“populismo epistémico”, que en las últimas décadas ha tomado gran protagonismo, “… parte
de la premisa que lo que el pueblo dice es correcto, porque es él quien lo dice” (González-
Ruibal; Alonso González y Criado-Boado, 2018: 3), ideas que se vehiculizan mediante
introducción conceptos tales como empoderamiento, historia pública, subalternidad,
discriminación positiva, voces, etc. Recogidas para el caso chileno, pero en la misma
presencia y sentido en todos los países de habla hispana de Latinoamérica, las expresiones
que dan forma al mensaje neoliberal permiten a Boccara y Ayala (2011) concluir que
“A partir de principios de los años 1990 aparece en Chile un nuevo
lenguaje para calificar los problemas socio-económicos, sus
consecuencias sobre los individuos y las soluciones que se les podría
dar”... “Es así como va dibujándose una nueva “configuración
semántica” que… “… se organiza alrededor de las nociones de
exclusión, negación de la diferencia cultural, desempoderamiento,
paternalismo y asistencialismo en su vertiente negativa y de las de
capital social y cultural, empoderamiento, fortalecimiento
institucional, patrimonio cultural, participación y responsabilización
en su vertiente positiva”.
Boccara y Ayala, 2001:209
Londoño encuentra que “… el populismo epistémico seguirá siendo útil en el mercado de
vender buenos indios o indios ecológicos. Y para esto siempre habrá clientes, porque las
personas quieren experimentar el salvaje oeste, quieren ver el dorado, y estar entre indígenas
amigables con el medio ambiente” (Londoño, 2018: 126). Vale la pena reflexionar sobre
quienes, y de qué modos, a ambos lados del mostrador alimentan y constituyen ese mercado.
En el contexto de cada una de estas dos grandes perspectivas, la gestión patrimonial en el
territorio no siempre es homogénea en el tratamiento de las situaciones que allí se presentan
aunque la prevalencia de una u otra perspectiva es determinante para la suerte de los bienes y
las actividades en torno a ellos.
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Cabe señalar que los sujetos ideales (o idealizados, según de quienes se trate y de quienes
utilicen la identificación) no suelen corresponderse en su caracterización con aquello que se
presenta en la realidad. No es aconsejable manejarse con clichés y generalizaciones
apresuradas en relación de los grupos de la sociedad ya que todos (incluso los arqueólogos)
poseen, generalmente, una marcada heterogeneidad y complejidad interna en cuanto a
posturas y accionar en la que los contextos regionales, nacionales y de época.
Las principales consignas directrices de los sectores “progresistas” de Latinoamérica, con
permanente crecimiento de la determinación de categorías, son producidas por referentes
intelectuales pertenecientes o radicados en los países del poder mundial dominante, en
especial los Estados Unidos de Norteamérica. Se promueve la liberación individual sobre la
base de la libre “autoidentificación” o “autoreconocimiento” que da lugar a la elección de la
pertenencia al grupo afín. En términos discursivos, la identidad es co-producida por los
impulsores de defensa de aquellos considerados como pueblos indígenas y las instituciones
del Estado. Desde que los países han reconocido a los pueblos indígenas en sus respectivas
legislaciones, investigadores, profesionales y políticos han estado preocupados no sólo en
cuantificar y caracterizar la población indígena, sino también determinar brechas en relación a
la población no indígena (Choque-Caseres, 2017).
Finalmente los grupos conservadores construyen su relato del pasado mediante sus propios
comunicadores, los arqueólogos de la academia desarrollan el suyo para su propio consumo y
las comunidades indígenas, por otro lado, tienen sus propias narrativas. El sistema demostró
que puede prescindir de la gestión del patrimonio, por lo menos provisoriamente. Dicho en
referencia a los arqueólogos hay académicos que opinan que hay muchas comunidades que no
nos necesitan para interpretar el pasado lo cual bien puede (lamentablemente) ser cierto pero
ello no quita valor al conocimiento que obtienen los investigadores. Parece contradictorio que
los propios arqueólogos vean como positivo el que una comunidad niegue valor a los
resultados de los estudios que realizan los propios arqueólogos. Sobre el rol de los
arqueólogos especializados en tiempos prehistóricos se puede acordar con que,
“Si nos adentramos en la ideología prehistórica por el cauce de la
identidad que hoy nos estimula, justo será reconocer que este enfoque
no deriva de un interés científico sino político; seremos responsables
de incentivar un sentimiento (trascendente socialmente) poco
aconsejable, o de equilibrarlo y atenuarlo desde la realidad de los
datos, denunciando su manipulación”.
Andrés Rupérez, M., 2010: 17.
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En el siglo XIX y en las primeras décadas del XX los museos e instituciones estatales de
gestión patrimonial contribuyeron a la construcción de los fundamentos de los estados nación
para luego acomodarse a ser funcionales a un sistema global mayor en los que su
protagonismo relativo fue progresivamente decreciente. Las nuevas políticas estatales, que
adoptaron premisas multiculturales y siguieron al proceso de consolidación identitaria, fueron
parte de un nuevo escenario en el que el patrimonio pasó a ser parte de las políticas de Estado
orientadas al fomento de las industrias culturales en un espacio en el que comunidades
indígenas y locales, debidamente acompañadas por narrativas, se sumaron siguiendo la
promesa de la panacea del turismo (Angelo, 2019). Sucede que la decisión sobre el destino de
los bienes patrimoniales generalmente no es resorte ni de las comunidades locales ni de los
académicos que los estudian sino que depende de la voluntad y políticas implementadas por el
poder dominante en la sociedad mayor (Estados en sus distintos niveles de jurisdicción y
grandes empresas).
Y aquí, nuevamente, caben algunas preguntas, ¿les asiste a los miembros del mundo
académico el derecho a evaluar críticamente las narrativas que desarrollan las minorías de la
sociedad?; ¿acaso puede estar agotado el discurso académico y, diluirse en nombre de la
tolerancia, la inclusión?. El, por cierto evidente, fracaso de la política de identidades, ¿es
definitivo?, ¿lleva a la necesidad de retomar los debates sobre la sociedad en términos de
clases sociales y de sus luchas?, y, en ese caso, ¿habrá que recuperar como una importante
referencia de acción política las ideas de igualdad que sostenía la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948?.
El contexto general lleva a que existan diferentes posturas e intereses encontrados entre los
miembros de la comunidad científica. Un ejemplo de ello es el caso de la celebración del Año
nuevo andino que, en 2019, generó expresiones como la siguiente:
En la página de Facebook de la Sociedad de Arqueología de La Paz,
fueron explícitos al momento de definir al Año nuevo andino: “Una
ceremonia ficticia, inventada para el turismo, que destruye el
patrimonio arqueológico frente a la actitud obsecuente de los
arqueólogos del CIAAAT, la UMSA, la gobernación de La Paz y el
MDCyT. Antropología urbana, 19/06/201919
En la mencionada red social se relata que “El Año Nuevo Aymara fue “ inventado” bajo la
iniciativa personal del naturista aymara Rufino Phaxsi, comunario de Wanqullu, en 1979, en
un contexto de resurgimiento étnico katarista-indianista que centraba su lucha en la
revalorización de la cultura aymara”. Por otro lado
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“Hace 5.527 años en los Andes no había ni aimaras ni incas y, al
parecer, tampoco había tiahuanacotas. Sin embargo, este 21 de junio
se celebrará el 5.527 Año Nuevo no sólo andino, sino “amazónico y
del Chaco”. En los justificativos no cuadran los calendarios ni los
cálculos ni las culturas ni las geografías. Algunos estudiosos
aseguran que celebrar así no está mal en tiempos del mercadeo, sea
turístico sea electoral, y del “neo-neo liberalismo”. Pero que, eso sí,
el valor y sentido históricos quedan muy devaluados y disminuidos”.
Noticias – UMSA, celebración 2820
Algunas conclusiones y propuestas
Se impone, de cara a la nueva realidad sociopolítica y económica, la necesidad que, desde
diversos sectores de las ciencias sociales, se realice un análisis crítico de lo actuado, de la
actualidad y del desarrollo de planteos a futuro en beneficio del conjunto de la sociedad.
Algunos especialistas ya vienen desarrollando ideas que van en este sentido como, por
ejemplo, cuando se sostiene que,
“... creemos que la arqueología tiene una oportunidad para redefinir
su relación con la sociedad. Pero esto solo será posible si nos
deshacemos del populismo epistémico. Necesitamos mirar a la
realidad social como es: compleja, en el sentido de que las
comunidades son tremendamente diversas y no siempre progresistas”.
González-Ruibal; Alonso González; Criado-Boado, 2018: 4
El carácter muy abarcativo y diverso que ofrece la definición de patrimonio lleva a que el
análisis de su realidad práctica y conceptualización teórica, habitual y necesariamente, se
realice de manera sectorizada o fragmentada en lo que atañe a lo disciplinar (arquitectura,
arqueología, historia, antropología, museología, etc.) y a lo temporal/geográfico, situación que
queda reflejada en toda consideración de las políticas que se implementan a nivel macro como
la que pretende intentar este escrito.
La importancia social de la gestión del patrimonio, en todos sus aspectos, debe ser informada
a la población ya que involucra aspectos salientes de su organización, imagen, concepción y
proyección. Es preciso que la sociedad tenga claridad sobre lo que se propone, con real
oportunidad de participación y debate. Ello es deseable en toda coyuntura política, mucho
más en la actual y no puede darse por sobreentendida. El valor de la gestión patrimonial
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dependerá, en buena medida, del proyecto político que adopte la sociedad como rumbo y
forma de organización. Esta aseveración debe ser entendida en el contexto de que
Quoi qu‟il en soit, les processus de patrimonialisation appliqués à un
objet (chose, œuvre, bien, bâtiment, site, paysage, etc.) ou à une réalité
idéelle (idée, valeur, témoignage, événement, pratique, etc.) n‟ont rien
de naturel21 Di Méo, G., 2007, p. 2
La vinculación de la gestión patrimonial con los intereses de la sociedad debe contar con
consensos básicos comunes para evidenciar la medida de su contribución al bienestar de la
población. Ello requiere del análisis crítico de lo actuado, de los conceptos vigentes en cada
etapa y lugar, su validez, deficiencias y bondades. Es inexorable, al menos para quienes de
distintos modos y medidas actúan profesionalmente en el campo, procurar tener una
comprensión de los procesos actuales que involucran a la gestión patrimonial que, si es
entendida como entrelazada al conjunto del entramado social, indefectiblemente resulta un
análisis de la realidad política. Y no solo eso, es imprescindible desarrollar, debatir y ofrecer,
a grandes y claros rasgos, los lineamientos que debería tener, según los mismos especialistas,
la gestión patrimonial de cara al futuro de la sociedad en los distintas instancias y niveles de
administración pública.
La gestión patrimonial se alimenta de los conocimientos producidos y actualizados por muy
diversas disciplinas como, en muchos casos, la arqueología. Tal como lo señala el epígrafe de
este apartado, es de desear que los arqueólogos, y especialistas de otros campos disciplinares,
desarrollen investigaciones sobre sus objetos de estudio, retomen la confianza en los
resultados de su quehacer y en el mundo académico en general y pongan los conocimientos
obtenidos a consideración de la población interesada. El populismo epistémico no representa
un compromiso social de las disciplinas representadas sino, por el contrario, expone su
ausencia al limitar la participación de los profesionales especializados a un rol de
acompañamiento y halago de expresiones que no le son propias y que tienen fundamentos que
resultan objetables o dudosos. Se postula aquí que el populismo epistémico es parte del
problema que la academia debe analizar y resolver.
Luego de esta pretensión de descripción de distintos aspectos que hacen a un panorama
parcial y sumario de la situación actual de la gestión patrimonial, en especial lo referido a
Brasil y Argentina, corresponde ofrecer elementos generales que constituyan parte de una
propuesta para el accionar de los especialistas:
- dar al conocimiento académico el lugar y responsabilidad acorde al espacio (inversión de
recursos de todo tipo) que se le concede a los sistemas de investigación científica y
tecnológica en la sociedad. Es decir, el conocimiento producido en las universidades no puede
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ser puesto en pie de igualdad con otras producciones y que todas sus observaciones sean
puestas en duda por sectores que hablan en nombre de una herencia cultural que se
transmitiría entre los miembros de un mismo grupo étnico manteniéndose incólume a lo largo
desde tiempos inmemoriales. Esto no significa dejar de atender y respetar el conocimiento
popular y el tradicional. Tampoco una imposición autoritaria ni una perspectiva colonial de
las relaciones humanas. Es solo entender que la sociedad en su conjunto posee sectores que se
han especializado en determinadas actividades como, por ejemplo, la producción y gestión de
conocimientos.
- el mundo académico tiene la obligación de asumir compromisos de cooperación efectiva,
con apertura total al diálogo, y, en especial, con toda la población las comunidades donde
desarrollan sus tareas. Es deseable que los miembros de la academia tengan sus ideales y
actuaciones políticas sin por ello dejar de lado convicciones adquiridas a lo largo de su
formación disciplinar.
- no es positivo que buena parte de los investigadores realicen tareas de gestión patrimonial
pues es necesario un equilibrio en el que una mayoría se vuelque a la producción de
conocimientos y otros se especialicen en transmitir esos y otros conocimientos a la población.
No todos pueden intervenir con su producción de manera directa en la realidad social lo cual
está lejos de significar que se pretenda eliminar todo tipo de reflexiones críticas sobre la
praxis académica o posicionamientos de cara la realidad cotidiana. La diversidad de la
orientación disciplinar de las producciones académicas y la formación específica son una
necesidad que no puede ser caracterizada como una supuesta “… arrogante endogamia
académica” (Acuto, 2018: 142). En el mismo orden de cosas es de señalar que la vida de cada
investigador tiene sus etapas en las que suele ser frecuente que las más avanzadas se vinculen,
con mayor o menor asiduidad, a volcar la experiencia y conocimientos acumulados en
distintas formas de vinculación con la sociedad.
- buscar oportunidades para exponer, dialogar y debatir con los más diversos sectores de la
sociedad en torno a la importancia que en múltiples aspectos y expresiones (simbólica,
identitaria, social, cultural, educativa, turística, económica, jurídica, política, etc.) ha tenido,
tiene, y puede llegar a tener, el patrimonio y la gestión patrimonial. Este diálogo e
intercambio de ideas y opiniones debe ser constante e independiente del signo ideológico que
identifica al poder de turno, resultando una conveniente contribución a la comprensión del
funcionamiento de la sociedad en su conjunto y de sus perspectivas que, incluso, excede la
noción tradicional de los alcances de la gestión patrimonial.
El accionar socialmente situado y responsable en cuanto a gestión de conocimientos por parte
de los gestores del patrimonio constituye un aporte de valor en pos de alcanzar un punto de
inflexión positivo en beneficio del tejido social en su conjunto y, en particular, también para
los espacios académicos involucrados en estos procesos.
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Notas
1 A partir del inicio de la presidencia de Jair Bolsonaro, en 2019, los ministerios de Desarrollo
Social, Deporte y Cultura son absorbidos en uno solo, el de Ciudadanía y Acción Social.
2 Rabelo (2015) define que “Tombamento é um instrumento jurídico criado por lei federal –
Decreto-lei nº 25 de 1937 (DL 25/37) – que tem por objetivo impor a preservação de bens
materiais, públicos ou privados, aos quais se atribui valor cultural para a comunidade na
qual estão inseridos”.
3 Leído el 14/02/2019 en: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/866
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5 Leído el 26/04/2019 en: http://www.labcidade.fau.usp.br/o-patrimonio-cultural-de-sao-
paulo-esta-ameacado/
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9 Leído el 4/04/2019 en: https://inapl.cultura.gob.ar/info/instituto-nacional-de-antropologia-y-
pensamiento-latinoamericano/
10 Leído el 5/5/2019 en: https://www.nodal.am/2019/04/brasil-bolsonaro-plantea-desfinanciar-
las-facultades-de-filosofia-y-sociologia/
11 Leído el 5/5/2019 en: https://www.nodal.am/2019/04/brasil-bolsonaro-plantea-desfinanciar-
las-facultades-de-filosofia-y-sociologia/
12 Leído el 5/5/2019 en: https://www.clarin.com/mundo/jair-bolsonaro-recorta-presupuesto-
universidades-acusadas-organizar-marchas_0_NJDVhY8-G.html
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14 Leído el 5/5/2019 en https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/04/30/uff-
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15 Leído el 5/5/2019 en: https://www.clarin.com/mundo/jair-bolsonaro-recorta-presupuesto-
universidades-acusadas-organizar-marchas_0_NJDVhY8-G.html
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17 Prof. Daniel Campi. Coordinador del Comité Académico Historia, Regiones y Fronteras de
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. 30 de abril de 2019.
18 Declaración de Río Cuarto. En: Arqueología Suramericana, vol 1, Nº2, 287-288. Leído el
12/06/2019 en
http://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/uploads/docs/declaracion_fuero_pueblos_originarios_ar
queologos.pdf
19 Antropología urbana, 19/06/2019. Arqueólogos bolivianos contra el año nuevo andino: “es
una ceremonia ficticia inventada para el turismo que destruye el patrimonio arqueológico”.
Leído el 26/06/2019 en: https://urbanalogia.blogspot.com/2019/06/arqueologos-bolivianos-
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20 Noticias – UMSA (Universidad Nacional de San Andrés, La Paz, Bolivia). Año nuevo
andino 5527, celebración 28. Leído el 01/07/2019 en: http://www.umsa.bo/umsa-noticias/-
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21 Traducción: Sea como sea, los procesos de patrimonialización aplicados a un objeto (cosa,
trabajo, bien, edificio, sitio, paisaje, etc.) o a una realidad ideal (idea, valor, testimonio,
evento, práctica, etc.) no tienen nada de naturales.
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Jorge Alberto Kulemeyer
Licenciado en Antropología, orientación Arqueología, Universidad Nacional de La Plata,
Argentina. Diplôme d'études approfondies (D.E.A.) en Géologie du Quaternaire. Institut de
Géologie du Quaternaire, Université de Bordeaux I, Francia. Doctorado: Doctorem
Philosophiae (Ph. D.) Universität zu Köln, Alemania. Posdoctorado en la Universidade
Federal de Goias, Brasil. Docente universitario de grado y posgrado. Miembro del cuerpo
académico y docente de diversos posgrados. Ha sido Profesor Titular ordinario en la
Universidad Nacional de Jujuy (Argentina) y director de carreras de Maestría y Doctorado.
Actual Director del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Nacional de la Patagonia Austral (Argentina). Publicaciones académicas en diversos formatos
en el país y el extranjero, dictado de cursos y conferencias, formación de recursos humanos de
grado y posgrado, evaluador de proyectos de investigación y de publicaciones especializadas,
trabajos de campo y participación en congresos en países de América y Europa.
